políticas de borramiento sistemático-La dictadura borra el pasado

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Sobre las políticas de borramiento sistemático
Por GIGeT - Monday, Jan. 28, 2008 at 6:51 PM
proyectotucuman@yahoo.com.ar

Sobre la ley que habilita la venta del ex CCD Jefatura Central de Policía de Tucumán

Sobre las políticas de borramiento sistemático
de las marcas físicas del genocidio

Grupo de Investigación sobre el Genocidio en Tucumán (GIGeT*


A pocos días de cumplirse el 33° aniversario del Operativo Independencia, el gobierno de Tucumán publica en el Boletín Oficial el texto de la ley 7.990, aprobada el 21 de diciembre por el oficialismo legislativo. Mediante esta legislación, el gobierno queda legalmente habilitado para vender una serie de edificios históricos, entre ellos el de la actual Secretaría de Educación en la cual funcionó el Centro Clandestino de Detención (CCD) Jefatura Central de Policía a partir de 1975, en el marco del Operativo Independencia instaurado en Tucumán durante el gobierno constitucional de Estela Martínez de Perón.


En la provincia de Tucumán los distintos gobiernos constitucionales, entre ellos el del genocida Antonio Domingo Bussi, procuraron permanentemente borrar de la memoria de los tucumanos y de los argentinos los lugares donde funcionaron Centros Clandestinos de Detención (CCD). Todo esto amparado por la más absoluta de las impunidades.
Como todos sabemos, o deberíamos saber, dichos CCD no fueron otra cosa que lugares montados para alojar secuestrados, torturarlos, asesinarlos y hacerlos desaparecer en el marco de un plan de exterminio llevado a cabo por las fuerzas armadas y de seguridad durante la última dictadura militar, amparados, mandados y apoyados enteramente por el Estado Nacional y el silencio de gran parte de la sociedad Argentina..
Una buena parte de los CCD que funcionaron en Tucumán tuvieron la característica de emplazarse en dependencias del Ministerio de Educación y en ingenios cerrados y en funcionamiento. Así, se puede mencionar, entre otras, la Escuelita de Famaillá, la escuela Lavalle, también en Famaillá, y el Centro de Educación Física dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán. Entre los ingenios figuran Nueva Baviera, Fronterita, Santa Lucia, y Lules, lo que demuestra la complicidad del empresariado y la oligarquía económica con el genocidio que se estaba realizando en nuestro país.
El actual gobierno de Tucumán, encabezado por José Alperovich, aprobó el 21 de diciembre y publicó en el Boletín Oficial la ley 7.990 que habilita la venta del predio de la actual Secretaría de Educación, donde se emplazaba la Jefatura Central de Policía que funcionó como CCD desde 1975. Esta decisión tiene varios antecedentes en la provincia. El primer CCD de la Argentina , la Escuelita de Famaillá, fue restaurada e inaugurada en 1977 por el genocida Domingo Bussi, como si nada hubiera pasado allí, y actualmente continúa funcionando como escuela. El caso de la Escuela Lavalle es peor aún, ya que nunca dejo de funcionar como escuela mientras las aulas colindantes eran utilizadas como celdas y depósitos de cadáveres. Como muestra esto bastaría. Pero hay más.
Nueva Baviera, un viejo ingenio cerrado durante la dictadura de Ongania, fue utilizado por las Fuerzas Armadas como base militar y centro de exterminio desde el Operativo Independencia hasta el año 1977. Pero un día, bajo uno de estos gobiernos democráticos elegidos por el voto popular, aparecieron topadoras que arrasaron las dependencias de ese viejo ingenio y trajeron, como parte de lo que se lleva, se trae o se mata, a familias de las villas miserias de los alrededores de la ciudad; obligándolas a vivir sobre las ruinas de las huellas físicas del Horror, que aun hoy permanecen visibles.
Estas políticas de borramiento sistemático de las marcas físicas que dejó el terrorismo de Estado, no se limitan a la provincia de Tucumán. En el año 1985 la intendencia del partido de Morón, provincia de Buenos Aires, ordenó derrumbar los restos de la Mansión Seré , CCD de la Fuerza Aérea , para construir sobre los cimientos una cancha de fútbol. En el mismo predio, el en ese momento intendente de Morón se hizo construir una casa con el supuesto fin de realizar reuniones políticas.
En estos últimos años en lo que fuera la jefatura de policía de Tucumán, otro terrible CCD y base de operaciones desde donde se planificaba la masacre popular en la ciudad de San Miguel de Tucumán, funciona el Ministerio de Educación. Esto es una muestra más de lo que planteamos anteriormente. Este siniestro lugar tampoco escaparía al cambio de las piezas hacia la desmemoria, y ahora podría pasar a ser vendido para engrosar la nueva moda de los Shopping.
Pretender borrar, física y simbólicamente, las huellas de lo que fue el terrorismo de estado no solamente es una violación a los derechos humanos, al derecho a la memoria y a la historia de los pueblos, sino que también abre la puerta y enseña el camino para que la historia se repita, porque un pueblo que olvida es fácilmente presa de los chacales de turno que, como hace 33 años, no ponen reparos en ejercer el más profundo e inhumano terror en beneficio de sus sucios y obscuros intereses económicos y políticos de clase que, por supuesto, nunca son los del pueblo que dicen representar.


Los funcionarios del gobierno provincial que dicen que los edificios no son representativos de la memoria(1) desconocen o quieren desconocer que esos lugares donde se cometieron crímenes de Lesa Humanidad no son simples edificaciones, si no que ellas por si mismas representan la memoria de lo allí ocurrido. Porque en torno a estos, en torno a esa materialidad edilicia, se teje una red de significaciones y representaciones sociales que dan un contexto real y simbólico del genocidio cometido en nuestro país.


En este sentido sostenemos que la preservación, conservación y restauración de estos lugares es vital para conservar la memoria colectiva del proceso histórico que esos ex CCD simbolizan. Proceso en el que deben ser recordadas las vidas de los desaparecidos, sus luchas, sus principios e ideales y deben ser señalados sus verdugos, y el proyecto político que avaló el exterminio de los luchadores populares.

* El Grupo de Investigación sobre el Genocidio en Tucumán es un equipo independiente de trabajo interdisciplinario que realiza una investigación en la localidad de Famaillá sobre las características y consecuencias que tuvo el genocidio que se desarrollo durante el Operativo Independencia y la última dictadura militar. Como parte de la reconstrucción de aquello que el genocidio intentó borrar de la memoria colectiva, trabaja también con la reconstrucción histórica de la lucha del pueblo, sus protagonistas y sus modos de organización.

Contactos:
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GRUPO DE INVESTIGACION SOBRE GENOCIDIO EN TUCUMAN

(1).El actual presidente del Ente Tucumán Cultura, Mauricio Guzman, y ex Secretario de Cultura en la última gobernación del genocida Bussi afirma en una entrevista al diario La Gaceta del 13/01/2008 que la actual Secretaría de Educación (Ex CCD Jefatura Central de Policía) “tiene una historia, pero ¿qué queda de ella? ¿Qué tiene hoy del Hospital de Niños de hace un siglo? Nada nos asocia a ese pasado, perdió su identidad..” No sólo plantea una deliberada omisión de la historia de ese edificio como centro de detención y tortura de cientos de luchadores populares sino que, haciendo gala de una ironía macabra, el ex funcionario bussista asegura unas líneas más abajo que “Otra de las ideas es levantar un museo y un monumento a la memoria, donde se registren los terribles hechos ocurridos en la dictadura militar, (…) y reivindicar el lema “no olvidar y no perdonar” de los luchadores judíos que protagonizaron el levantamiento del guetto de Varsovia”, sin especificar el lugar donde tal museo o monumento sería construido.


FUENTE: http://argentina.indymedia.org